La Política Agraria Común: De Aspiración Ambiental a Desilusión Financiera

La nueva propuesta para la Política Agraria Común (PAC) entre 2028 y 2034 ha generado inquietud en el sector agrícola y ganadero español. A pesar de un incremento en el presupuesto general de la Unión Europea, las ayudas directas destinadas al sector agrario experimentarán una notable reducción. Esta situación ha provocado decepción entre los actores del ámbito ambiental, quienes esperaban una mayor ambición en la integración de criterios de sostenibilidad. La preocupación principal radica en la disminución de la financiación específica para prácticas agrícolas que respeten la naturaleza, lo que podría obstaculizar la transición hacia modelos de producción más ecológicos y resilientes frente al cambio climático.

La Comisión Europea ha presentado un plan presupuestario para los próximos siete años, abarcando el periodo 2028-2034, con una cifra global de 2 billones de euros, lo que representa el 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la comunidad. Si bien este porcentaje es superior al 1,13% actual, la cantidad neta disponible se reduce al 1,15% al descontar los reembolsos vinculados al programa NextGenerationEU. En este contexto, organizaciones como Greenpeace han expresado su profundo pesar por la decisión de suprimir la financiación climática y ambiental específica dentro de la nueva PAC. A pesar de este retroceso, la propuesta sí aborda la inequitativa distribución de los fondos, sugiriendo un límite obligatorio a los pagos por explotación. Adicionalmente, el documento reconoce los efectos perjudiciales de la ganadería intensiva y aboga por establecer cargas máximas de ganado, particularmente en áreas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos.

La orientación de la nueva PAC no prioriza, según las críticas, la protección del medio ambiente. La supresión de la financiación dedicada a fomentar prácticas agrarias respetuosas con el entorno representa un cambio significativo respecto a la política actual. Anteriormente, un tercio de los fondos de la PAC se destinaban a promover la sostenibilidad y a mitigar el impacto climático de la agricultura europea. La nueva propuesta concede a los gobiernos nacionales una mayor discrecionalidad en la asignación de fondos, lo que podría resultar en una menor inversión en medidas ambientales. Esto, según advertencias de ONGs, compromete la sostenibilidad a largo plazo del sector, que necesita con urgencia reducir su contaminación y adaptarse a los desafíos del cambio climático extremo.

Marco Contiero, director de política agrícola de la ONG en la Unión Europea, ha enfatizado que permitir a cada nación miembro determinar su inversión en agricultura sostenible pone en riesgo el objetivo colectivo de lograr una agricultura europea que coexista con la naturaleza y prospere frente a las alteraciones climáticas. Aunque el plan de la Comisión podría generar una distribución más equitativa de las ayudas, alejándose del modelo que beneficia a grandes terratenientes y explotaciones industriales, existe el riesgo de que 27 estrategias nacionales, influenciadas por intereses de la industria, debiliten este progreso. Los agricultores, quienes son los primeros afectados por las condiciones climáticas extremas y abandonan sus actividades a un ritmo alarmante, requieren un enfoque unificado para asegurar una agricultura europea más justa y adaptable, en lugar de un conjunto fragmentado de políticas que mantenga el estado actual y recompense a los mayores contaminantes.

La iniciativa de la Comisión incluye medidas importantes para transformar el sistema actual de subvenciones, que se basa principalmente en la extensión de las tierras cultivadas y que ha resultado en que la mayor parte de los recursos de la UE se dirijan a grandes propietarios y explotaciones agroindustriales. El plan recién presentado establece un tope a la cantidad de fondos públicos que una explotación puede recibir, y los pagos por hectárea disminuirían progresivamente a medida que las explotaciones crecen, buscando redirigir los recursos hacia los agricultores que más los necesitan. No obstante, las organizaciones ecologistas alertan sobre el peligro de que la amplia autonomía concedida a los gobiernos nacionales para decidir qué explotaciones requieren apoyo adicional pueda socavar este enfoque progresista, amenazando la corrección de las profundas desigualdades en el sector agrario europeo. Además, el plan contempla la implementación de normativas para limitar la concentración de animales de granja en áreas vulnerables a nitratos y ofrecer incentivos para una ganadería más extensiva, lo que, si bien son avances modestos, son pasos en la dirección correcta para abordar los significativos impactos ambientales y en la salud pública derivados de la ganadería industrial.

En este contexto, la organización ecologista presentó en junio una propuesta integral para la transformación del sistema de producción y consumo alimentario en España. Este documento, titulado \"Revolución Alimentaria: Urge una transición del inviable sistema actual a un MODELO ALIMENTARIO SOSTENIBLE\", analiza en profundidad el futuro del sistema alimentario español frente a los desafíos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El informe compara las consecuencias de mantener el modelo actual con los beneficios de avanzar hacia un sistema verdaderamente sostenible. El modelo propuesto por la organización demuestra la imperiosa necesidad de una transición hacia la agroecología y la ganadería extensiva, con el objetivo de reducir las emisiones agropecuarias en un 95% para 2050, disminuir la superficie terrestre utilizada en terceros países en un 38% y generar un aumento del 50% en el empleo del sector agropecuario para ese mismo año.

Finalmente, esta nueva propuesta de la PAC, si bien sobre el papel busca una asignación más equitativa de los recursos, requerirá un compromiso firme por parte de los estados miembros para asegurar condiciones laborales dignas en el sector rural y una genuina justicia social. La futura Política Agraria Común es fundamental para impulsar una transformación hacia un modelo agrícola más equitativo y capaz de afrontar las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. Sin la voluntad política necesaria en cada estado, esta transición crucial podría no concretarse, perpetuando un modelo agrario insostenible.